A- de 2023

Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior de Cali -Sala de Familia- y la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-.

Encontró la Corte que en este caso sólo se presentó un conflicto aparente, en la medida en que la Sala Laboral de la Corte Suprema tomó reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021 para decretar la nulidad de lo actuado por la Sala Civil de la misma Corporación, con lo cual afectó la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección de los derechos fundamentales de la accionante, más cuando la Sala de Casación Civil decretó previamente la nulidad de todo lo actuado por el Tribunal Superior de Cali.

Esto, en contravía de lo establecido por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, en el sentido de que las disposiciones previstas en dicho decreto constituyen simples pautas de reparto, las cuales no pueden ser invocadas por ningún juez para abstenerse de asumir la competencia y tampoco declarar la nulidad de lo actuado.

Por ende, esa autoridad desconoció el principio perpetuatio juristictionis y afectó la finalidad de la acción de amparo que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales invocados.

Se dirime la controversia con la remisión del expediente a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que, de forma inmediata, continúe el trámite conforme a la ley y profiera una decisión de fondo sobre la impugnación formulada en contra de la sentencia del a quo.

Se hace una advertencia a esta autoridad para que, en lo sucesivo, decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia y, con base al principio de perpetuatio juristictionis, para eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

Al otro operador jurídico involucrado se le hace una advertencia para que, en lo sucesivo, observe las reglas de competencia en esta clase de conflictos establecidas en el artículo 18 de la ley 270 de 1996.